Colombia desde su famosa creacion como pais independiente y soberano siempre ha tenido la bendita idea de que todas sus funciones publicas sean atraves de tramites, eso sumado a la ineficiencia manifestada en la lentitud para responder a los requerimientos de los usuarios, el elevado costo en la obtención de los productos o servicios, los laberintos institucionales en los que se ve comprometido el ciudadano, el irrespeto y la corrupción administrativa, son situaciones que, por frecuentes, lesionan las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, hasta tal punto que se considera una utopía cualquier compromiso por mejorar este tipo de situaciones.
Es panorama cotidiano ver el malestar de los usuarios frente a una "ventanilla estatal", reclamando airadamente la prestación de un servicio adecuado; como usual y en el mismo tono, las respuestas de un servidor público que abusa del poder que le da su capacidad de decidir el cómo desarrollar las funciones que le son propias y desconoce los derechos de esos ciudadanos al entrabar las acciones que éstos deben llevar a cabo.
La tramitomanía, entendida como la reunión exagerada e innecesaria de pasos obligados para que un usuario pueda demandar un servicio, reclamar un derecho u obtener algún producto, es generadora de gran parte de la ineficiencia de las entidades y organismos públicos y está íntimamente ligada a la corrupción, en un círculo vicioso que es necesario acabar.
Por ello, propongo una modernización del Estado como objetivo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para construir la paz", sobre la Racionalización de Trámites, Métodos y Procedimientos de Trabajo, por estar íntimamente ligada con la efectividad de los organismos y entidades estatales en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y sociales y, por ende, con la lucha contra la corrupción, en la medida en que un buen servicio acaba con la necesidad de intermediarios.
La Lucha Contra la Tramitomanía, con la racionalización, entendida ésta como un proceso sinérgico imprescindible que concurre a lograr las finalidades de la función administrativa, está plenamente justificada en el Artículo 18 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 que considera: "La supresión y simplificación de trámites será objeto permanente de la Administración Pública en desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en la Constitución Política… Será prioridad de todos los planes de desarrollo administrativo de que trata la presente Ley, diagnosticar y proponer la simplificación de procedimientos, la supresión de trámites innecesarios y la observancia del principio de buena fe en las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos o usuarios". La Lucha Contra la Corrupción ha quedado plasmada en la Directiva Presidencial 009 del 24 de diciembre de 1999 .
No obstante, se reconoce en forma generalizada que la existencia de una normatividad, aunque esencial para regular la prestación de servicios en las entidades y organismos estatales, no es suficiente para contener o evitar los abusos, arbitrariedades o la ineficiencia en el ejercicio de funciones públicas. Para que la Política de Racionalización de Trámites, Métodos y Procedimientos de Trabajo arroje resultados satisfactorios, se hacen indispensables la voluntad, consciencia, constancia y participación de cada uno de los servidores públicos, sin excepción, porque todos tienen, por lo menos un cliente (interno o externo) a quien atender.
ESTAMOS DE ACUERDO
El Segundo concepto es un poco futurista y fantastico es mi Isla.
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